La paz no es solo la
ausencia de guerras, debe entenderse como la construcción de una sociedad más
justa. Sobre esas bases, la prolongación del conflicto armado que sufre la
sociedad colombiana debe explicarse con base en los tiempos y en los procesos
de formación del Estado y, en consecuencia, debe explicarse como la incapacidad
para imponer el orden público en todo el territorio, la dificultad para limitar
el uso de la fuerza pública y garantizar los derechos de los ciudadanos, y como
la precariedad para hacer prevalecer lo público sobre los intereses privados. La
reconciliación ha sido un reto para el postconflicto colombiano, la
dificultad de construir una identidad nacional se refleja en la polarización
política que se vive. Un
conflicto que lleva más de medio siglo y 8.074.272de víctimas no va a acabar de la noche a la mañana y que todos vamos a
quedar totalmente felices con el resultado, y aunque cueste aceptarlo, lograr
la paz tiene más complejidad que seguir en una situación de violencia y caos
militar. Aunque se ha hecho una gran diferencia con los anteriores, como
primer factor la creación de una Ley de Restitución de tierras, por la cual el
ejecutivo busca la reparación integral de las víctimas, regresándoles las
propiedades hurtadas por la insurgencia y como segundo factor a negociación en
una país ajeno, que si bien ha apoyado a la insurgencia armada, no
obstante , la creación de instituciones como la Comisión Histórica del
Conflicto y la Comisión Asesora para el Postconflicto de la Presidencia también
ha sido de gran apoyo ya que incluye muchos sectores de la sociedad. La iniciativa
legislativa, un derecho político de los ciudadanos que les permite proteger
proyectos normativos como el (SIVRJNR), incorporado a la constitución en abril del 2017 y que tiene como fin garantizar procesos
legales frente a graves violaciones de los derechos humanos y asegurar el
esclarecimiento de la verdad y la rendición de cuentas por lo ocurrido, entre otros propósitos. El Estado Social de Derecho es el
marco jurídico y político propuesto en la Constitución de 1991 que promueve el
respeto de la dignidad humana y la prevalencia del interés general sobre el
particular.
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